NO ES PLAN PARA LA JUSTICIA SOCIAL EN CANARIAS

El Gobierno de Canarias no tiene Plan para la Justicia Social en nuestra tierra.

La normalidad en nuestro archipiélago canario es empobrecimiento, explotación, sufrimiento, precariedad, desigualdad. La distancia social es abismal, los ricos más ricos y las empobrecidas cada vez con más situaciones de precariedad y miseria, desigualdad que, según el informe de Intermón Oxfam “Una reconstrucción justa es posible y necesaria”, nos sitúa al archipiélago con un incremento de más de 47.000 personas que entrarán en la situación de pobreza, la 2º CCAA con más impacto en la desigualdad de todo el estado y con más de 800.000 personas en situación de empobrecimiento y exclusión social. Con unas respuestas desde la responsabilidad pública, que no salen de la cuarentena, siendo la 3º comunidad, a la cola en menos inversión por habitante en políticas sociales.

El confinamiento de la riqueza en Canarias no se toca, ninguno de los mecanismos que permiten fraude, evasión y paraíso fiscal, se transforma en este plan, por lo tanto, se continúa priorizando que pocos tengan mucho a costa de que muchas tengamos poco y apenas pueda la mayoría de gente sobrevivir. Con un modelo social asistencialista y que no llega sino a una mínima parte de las personas que tendrían derecho, manteniéndolas en situación de miseria y semi esclavitud.

 Y nos presentan un plan, desde el Gobierno de Canarias, para no variar de modelo de crecimiento económico en las islas, que no redistribuye ni reparte renta, riqueza, propiedad. Que no va a generar Justicia social ni ecológica.

Un viejo modelo que no solo queda intacto, sino que además se refuerza un sistema económico que necesita de la desigualdad y la acumulación de la riqueza de pocos, para vivir matando oportunidades, derechos y libertades para la mayoría. Un Plan que refuerza la acumulación de la riqueza en pocas manos y no toca ni la RIC, ni el REF.

Un Plan con procesos de participación con dinámicas pervertidas que no escuchan ni acogen las medidas que no están avaladas por los lobbies (presiones) de las cámaras de comercio y las grandes empresas en el archipiélago.

Un Plan donde llama la atención las diferencias entre las supuestas prioridades: mientras hay 105 instrumentos previstos para el “impulso de la actividad económica, con 2.061 millones para los tres años, para la atención a los colectivos vulnerables, hay 33 instrumentos y 75 millones, desde el 2020 al 2023. Concluyendo: el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza no se prioriza, no se cumplirá.

Para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, se plantean 6 instrumentos y un total de 429 millones, en Servicios Sociales sin partida para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y la mayoría de los millones (424 millones) para coordinación entre AAPP. Y convenios con el tercer sector.

Un Plan donde se plantea como una prioridad la “Atención y apoyo a las personas vulnerables”, con tres campos de acción: la lucha contra la violencia de género, sin partida concreta; La agilización de la PCI y demás rentas en Canarias, con 45 millones para el 2020 y en tercer lugar las medidas de atención a colectivos especialmente vulnerables, sin partida concreta. En total 45 millones, para el 2020, centrado en facilitar rentas, que repartido ese dinero entre las personas en situación de riesgo y exclusión toca a 58 euros al año por persona.

 Un Plan donde No tienen partida:

– Ninguna de las medidas de Servicios sociales del eje del mantenimiento de los servicios públicos esenciales.

– Proyecto de Ley de Renta Canaria, para el 2020.

– Desarrollo de la ley de Servicios Sociales de Canarias.

– Plan de inclusión y lucha contra la pobreza.

– Convenios plurianuales para el desarrollo del Plan Concertado.

– Dependencia.

– Vivienda social.

Un Plan donde se dan estas comparaciones:

  • Se plantean 140 millones de euros para el Plan de infraestructuras turísticas y 72 millones Plan de infraestructuras socio-sanitarias:(2021-2023). El doble para el sector turístico.
  •  Programa de apoyo a creación y mejora de la competitividad de PYMES: 103 millones. Para Desarrollo ley de Renta Básica (2021-2023): 67 millones.
  • Campañas de promoción turística 40 millones.  49 millones en total. Menos de la mitad para Ingreso canario de emergencia: 16 millones de euros y programas para Menores migrantes no acompañadas: 8 millones de euros.
  •  Para Laboratorio de protocolos turísticos: 2 millones 800.000 euros. Y adaptación infraestructuras turísticas a nueva normalidad: 9 millones de euros. (12 millones). Diez millones más que lo dedicado a Planes integrales en la comunidad: 800.000 euros; Personas sin hogar:900.000 euros; Algunas partidas para Violencia de Género: 560.000 euros (2020) y Soberanía alimentaria: 750.000 euros.

Exigimos:

– Que las organizaciones firmantes exijan unos servicios sociales universales, públicos, gratuitos y con financiación suficiente, para dar cobertura a la garantía de derechos por parte de la CC.AA. de Canarias.

– Reactivación de la dimensión social del Plan, desde el incremento y mejora de las políticas públicas, los servicios públicos que garanticen, protejan y respeten los derechos y libertades; priorizando el cumplimiento de una renta básica para todas las personas, comenzando con urgencia por las más de 773.000 personas en riesgo de exclusión social.

– Cambios de modelo de desarrollo para las islas, justo, ecológico, feminista, antiracista, antimilitarista…que ponga en el centro la vida de todas las personas y no las dinámicas de acumulación de capital en pocas manos.

– Desarrollo de procesos de Participación de verdad, no figurativa.

Queremos un plan de cambio de modelo, no de apoyo y fortalecimiento de las desigualdades en Canarias.

Este no es plan de reactivación de la Justicia y la Igualdad en Canarias.

Esto no es Plan.

[REDESSCAN] Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales.

[ACRR]         Asamblea Canaria por el Reparto de La Riqueza.

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